La Tesorería General de la República comenzó el embargo de bienes raíces a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado. La medida busca recuperar los fondos fiscales comprometidos tras agotarse las instancias previas de cobro.
Este procedimiento judicial afecta directamente a los titulares de los créditos o a sus avales que no han regularizado su situación. El embargo de propiedades es una de las etapas más severas para asegurar el pago de la deuda acumulada.
Desde el organismo estatal hicieron un llamado urgente a los usuarios y usuarias rezagados para que normalicen su estado financiero. Para ello, se mantienen habilitadas opciones de reprogramación y convenios de pago en sus oficinas y plataformas digitales.
La acción judicial reabre el debate sobre la alta morosidad del CAE y los mecanismos de cobranza pública. Las autoridades enfatizan la importancia de pactar soluciones alternativas antes de que los bienes raíces sean rematados.