El gobierno activó la agenda migratoria presentando una iniciativa en la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que permitiría ampliar el plazo de detención de personas que tengan una expulsión administrativa pendiente.
La propuesta expuesta proponía aumentar el plazo actual de 5 días, argumentando que ese periodo tendría dificultades de cumplimiento cuando existen dificultades operativas, administrativas o externas. Como lo comenta el Ministro de justicia y derechos humanos, Fernando Rabat:
La nueva extensión contaría con hasta 180 días, lo que abrió el debate de, diputados del Frente Amplio señalan que este periodo sería desproporcionado y que muchas de las dificultades de expulsión son por causas externas.
Además, se inició la tramitación que incorpora sanciones para quienes faciliten el tráfico de migrantes irregulares.