El Senado argentino aprobó la reforma a la ley de glaciares de 2010, reduciendo zonas protegidas para habilitar proyectos mineros en la cordillera de los Andes, especialmente de cobre y litio. La medida —que ahora pasa a Diputados— genera inquietud en Chile, dado que ambos países comparten cuencas y ecosistemas andinos que podrían verse intervenidos.
El gobierno de Javier Milei defendió la iniciativa señalando que la norma vigente “paralizaba” el desarrollo en provincias cordilleranas. Desde el oficialismo relativizaron el impacto sobre las reservas de agua dulce y enfatizaron que serán las provincias las que definan cómo preservar o utilizar los ambientes periglaciares.
En términos simples, lo que ocurra en la cordillera del lado argentino puede tener efectos al otro lado de la frontera. Muchos ríos y fuentes de agua nacen en zonas compartidas, por lo que una mayor actividad minera podría influir en la cantidad o calidad del agua que también llega a territorio chileno.
Argentina, en tanto, busca destrabar inversiones y acelerar proyectos estratégicos vinculados al cobre y al litio, claves para la transición energética. El Ejecutivo apuesta a mayor empleo, ingreso de divisas y crecimiento en provincias andinas, posicionando a la minería como motor central de su agenda económica.